Nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

autónomos y pymes pueden reclamar las cláusulas suelo

 

Fuente: elEconomista.es

             El Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia, en fecha de 11 de marzo de 2020 por el que considera que no es suficiente que la cláusula sea clara, sino que además se exige que el prestatario haya tenido conocimiento de la misma.

              Esta sentencia es subsiguiente a otra  de 20 de enero de 2017, en la que  se establecía que «solo la mala fe anula las cláusulas suelo impuestas a empresas, ya que, si no, basta con que éstas sean legibles. Con estas dos sentencias, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal sienta jurisprudencia.

              No se trata de que se haya “creado una especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual».

              Estamos ante  el llamado control de incorporación, que las entidades no superan cuando no han cumplido las obligaciones administrativas de transparencia (ficha FIPER), ni haber advertido expresamente el notario de la existencia de la cláusula suelo, por lo que los prestatarios, no tuvieron oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés. Lo anterior no representa un control de transparencia, sino un control de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional.

              Asimismo se hace referencia a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), que establece que la abusividad en las cláusulas contractuales es aplicable no sólo a los consumidores, sino también a empresarios, porque «como se reconoce en su exposición de motivos, existen igualmente situaciones de abuso cuando los contratos se firman entre empresas».

              Esta resolución se basa en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, que establece que en el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación (LCGC), que establece que «la redacción de las cláusulas generales debe ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez»-, así como en el artículo 7 de la citada norma, que regula que «no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato […]»

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